El Parlamento Europeo ha aprobado este 26 de marzo un reglamento sobre migración y asilo que permite la creación de «hubs de retorno» o centros de expulsión fuera de la UE para aquellos migrantes en situación administrativa irregular, especialmente los rechazados en solicitudes de asilo. Esta norma, impulsada por una alianza parlamentaria de la derecha y la extrema derecha, autoriza la externalización de las expulsiones hacia países terceros mediante acuerdos bilaterales, con medidas como detenciones prolongadas, confiscación de documentos y registros domiciliarios.
Asociaciones de derechos humanos y entidades solidarias denuncian que este reglamento puede ocasionar graves riesgos de violaciones masivas de derechos humanos, como detenciones arbitrarias, torturas en países terceros y realojos indirectos, de modo similar a las políticas punitivas como el ICE en EEUU, que priorizan la disuasión sobre la protección internacional.
¿Qué papel juega España?
España ha mantenido una posición crítica y de oposición al Reglamento de Retornos aprobado por el Parlamento Europeo el 26 de marzo de 2026, especialmente sobre la creación de centros de retorno en países terceros. En esto hay diferencias de enfoque con el grupo de 15 países que lo demandan (Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Estonia, Grecia, Italia, Chipre, Letonia, Lituania, Malta, Países Bajos, Austria, Polonia, Rumanía y Finlandia) y que quieren un endurecimiento mayor con expulsiones rápidas a terceros países incluso en rescates en mar. Los ejes de diferencia serían:
Comparativa base
| Aspecto | España | Grupo de 15 países UE |
| Externalización | Opuesta a hubs offshore; prefiere acuerdos preventivos con África (ej. Marruecos). | Apoya centros en terceros países, inspirados en Turquía 2016 o Italia-Albania. |
| Solidaridad | Considera insuficientes 21.000 reubicaciones/420M€ para 2026; exige más reparto como país de presión. | Propone endurecer asilo y solidaridad obligatoria, pero con foco en control fronterizo. |
| Política general | Más liberal: regularizaciones masivas y fondos nacionales para acogida. | Restringente: mayor control ilegal, traslados forzosos y rechazos ampliados. |
Por otro lado, las críticas que mantiene España al Reglamento de Retornos y al Pacto de Migración y Asilo (PEMA), también influirán en la normativa de regularización expres anunciada en enero del 2026 y que se aplicará en España desde junio de 2026.
Efectos en la implementación del PEMA sobre la normativa española.
La reforma del Reglamento de Extranjería (Real Decreto 1155/2024, vigente desde mayo 2025) y la regularización extraordinaria de 2026 se adaptarán a este Pacto de Migración y Asilo (PEMA) de la UE, transponiendo sus directivas para armonizar los procedimientos fronterizos y de atención. Estas medidas no son una «nueva Ley de Asilo» integral, sino adaptaciones que fortalecen controles que quiere imponer la UE, además de contar con sus propias limitaciones y omisiones, ya señaladas en esta web.
Además de que también hay que tener en cuenta que la regularización masiva prevista (hasta 500.000-800.000 migrantes irregulares, incluyendo ex-solicitantes de asilo con 5 meses residencia pre-2025) va a generar críticas de la Comisión Europea por contravenir el espíritu restrictivo del PEMA, que prioriza los retornos rápidos. Lo que a su vez podría exponer a España a procedimientos de infracción por actuar «imán migratorio». Otra posible limitación más para la regularización sin cortapisas que demandan las personas afectadas y las organizaciones de derechos humanos.
Las perspectivas, ciertamente, no son buenas.
Referencias
- https://www.naiz.eus/es/info/noticia/20260326/europa-aprueba-la-deportacion-de-migrantes-a-terceros-paises-copiando-el-modelo-de-meloni
- https://www.perplexity.ai/search/https-solidarite-international-KO6xurEmSZajS3Wgx0uTyQ
- https://www.amnesty.org/es/latest/news/2026/03/eu-european-parliament-greenlights-punitive-detention-and-deportation-plans/
