A partir del 27 de enero, la Sanidad Pública del estado enfrenta una huelga indefinida convocada por los principales sindicatos, con paros cada martes mientras las negociaciones sigan bloqueadas. Lejos de ser un conflicto laboral más, esta movilización representa el punto de inflexión de décadas de recortes sistemáticos, privatizaciones encubiertas y la transformación de un derecho fundamental a la asistencia pública en condiciones y con garantías en un mercado lucrativo para grandes empresas.
Una huelga que dice basta al deterioro planificado de la sanidad
SATSE-FSES, CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde han llamado a toda la plantilla del Sistema Nacional de Salud a secundar los paros de forma indefinida. La razón de fondo trasciende incluso el debate sobre el Estatuto Marco del personal sanitario: es la denuncia frontal contra la falta de voluntad política del Gobierno y Ministerio de Sanidad para alcanzar un acuerdo digno que incluya a todos los trabajadores y trabajadoras sin excepción.
Los sindicatos denuncian una estrategia de negociaciones fragmentadas con organizaciones que representan solo a una parte del personal médico, rompiendo la unidad de la clase trabajadora del sector sanitario y creando privilegios entre colectivos. Esta táctica divide a quienes sostienen el sistema día a día, mientras el deterioro se traduce en:
- Listas de espera insoportables que condenan a miles de personas a sufrir en silencio o buscar alternativas privadas
- Saturación crónica de la Atención Primaria, la puerta de entrada al sistema sanitario público
- Atención cada vez más desigual según el código postal donde vivas
El modelo privatizador impuesto está en la raíz
Hay bastante acuerdo a la hora de identificar el origen del problema. Por ejemplo, la Federación de Sanidad de CCOO denuncia los muchos “años de recortes, deterioro, desmantelamiento y privatización” que han esquilmado lo público mientras engordaban las cuentas de resultados de grupos sanitarios privados como Quirón o Ribera Salud.
Los datos hablan por sí solos: mientras se siguen recortando las plantillas y precarizando el empleo público, no paran de crecer los beneficios empresariales del sector sanitario privado. El negocio de unos pocos se construye literalmente sobre el sufrimiento de la mayoría, a través de:
- Aumento de derivaciones a empresas privadas financiadas con dinero público
- Pérdida de transparencia en la gestión de recursos sanitarios
- Fragmentación de servicios que rompe la continuidad asistencial
- Empeoramiento generalizado tanto en la atención a pacientes como en las condiciones laborales del personal asistencial, público y privado.
Los sindicatos anuncian, pues, que mantendrán las protestas y el diálogo institucional en todos los foros necesarios para exigir más financiación finalista, la reversión de centros privatizados, el refuerzo urgente de la Atención Primaria y el aumento de plantillas en todo el territorio.
El gobierno Sánchez-Díaz: entre la propaganda y la realidad
El actual gobierno de coalición intenta presentarse como garante de la sanidad pública mientras gestiona un sistema moldeado por la Ley 15/1997. Norma que en su día el PSOE apoyó parlamentariamente y que ha servido y está sirviendo para abrir las puertas a la gestión privada de hospitales y servicios con ánimo de lucro.
El presidente Pedro Sánchez ha prometido “utilizar todas las herramientas del Estado” para defender el derecho a la salud y ha anunciado su intención de derogar esta ley para aprobar una nueva norma que supuestamente blinde la gestión pública directa. Sin embargo, este giro discursivo llega casi tres décadas tarde, cuando el negocio sanitario privado ya está consolidado y las grandes corporaciones tienen amarrados contratos millonarios con las Administraciones autonómicas.
Más preocupante aún: la propuesta del Ministerio de Sanidad no apoya claramente una sanidad 100% pública bajo control democrático, sino que pretende reconducir la colaboración público-privada hacia entidades “sin ánimo de lucro”, manteniendo intacta la lógica de externalización de servicios.
Propuestas reales de desprivatización frente a las medias tintas
En el Parlamento ya existen iniciativas que se suman a las ILP que se presentaron y no fueron apoyadas por los socialistas. La última presentada (Podemos) para “desprivatizar” el Sistema Público de Salud plantea:
- ∙ Derogación efectiva de la Ley 15/1997
- ∙ Garantía de la gestión pública directa como forma preferente
- ∙ Cobertura legal para los procesos de recuperación de servicios privatizados
- ∙ Reversión de conciertos, concesiones y asociaciones público-privadas
El choque entre estas medidas propuestas y la prudencia del gobierno PSOE-Sumar refleja los límites de una política «progresista» que intenta compatibilizar el discurso de defensa de lo público con la continuidad de un modelo mixto donde el capital sanitario sigue asegurándose grandes márgenes de negocio. Mientras tanto, la carga recae sobre una plantilla exhausta y una ciudadanía que ve que la única salida para acceder a una atención digna es recurrir más o menos puntualmente a la atención privada.
Un pulso prolongado que puede transformarlo todo
La huelga indefinida que arranca el 27 de enero, con paros todos los martes, no es una protesta simbólica más. Expresa una ruptura con la lógica de resistencia testimonial y se plantea como un pulso prolongado al Ministerio de Sanidad y al conjunto del gobierno de coalición.
Las organizaciones sindicales exigen:
- Estatuto Marco digno que respete a todo el personal sanitario
- Mejoras salariales acordes con la responsabilidad y desgaste del trabajo
- Jornada de 35 horas para frenar el agotamiento crónico
- Jubilación anticipada y parcial voluntaria
Se trata, pues, de reivindicaciones imprescindibles y básicas para recuperar unas condiciones que hagan viable una sanidad pública de calidad, así como para frenar la fuga de profesionales hacia otros países o hacia el sector privado.
Simultáneamente, los sindicatos médicos han iniciado sus propias jornadas de huelga y amenazan con un conflicto prolongado si no se reconoce su derecho a un estatuto específico. La convergencia de estas luchas abre la posibilidad de que el malestar sectorial se transforme en un movimiento más amplio en defensa del derecho a la salud frente a los intereses privados y la cobardía política de los progresistas.
Pasar de la indignación a la acción organizada
Si queremos frenar el deterioro de la sanidad pública, no basta con confiar en promesas de leyes futuras ni en la retórica institucional. Resulta imprescindible:
- Apoyar activamente las movilizaciones y huelgas convocadas por los sindicatos. La presión en las calles y en los centros de trabajo es la única garantía de que nuestras demandas se tomen en serio.
- Organizarse en los centros de trabajo y en los barrios. Crear redes de apoyo mutuo, asambleas de usuarios y trabajadores, espacios donde la defensa de lo público sea una tarea colectiva.
- Exigir la reversión de todas las privatizaciones. No solo detener nuevas externalizaciones, sino recuperar lo que ya ha sido entregado a manos privadas.
- Denunciar públicamente a quienes se benefician del desmantelamiento: desde los grupos empresariales sanitarios hasta los políticos que legislan a su favor.
- Vincular la lucha por la sanidad con otras batallas por servicios públicos de calidad: educación, vivienda, pensiones. El ataque es global y la respuesta debe serlo también.
- La defensa de la sanidad pública no es una consigna abstracta, sino una tarea concreta y urgente: sostener la lucha de quienes hoy paran hospitales y centros de salud para impedir que conviertan nuestro derecho a curarnos en un lujo reservado para quien pueda pagarlo.
- La sanidad pública es nuestra y hay que defenderla actuando.
Fuentes
- Los sindicatos convocan una huelga indefinida en enero contra el estatuto de Sanidad
- Huelga indefinida en Sanidad desde enero por el Estatuto Marco
- Los sindicatos sanitarios convocan una huelga indefinida que comenzará el 27 de enero como rechazo al Estatuto Marco
- Huelga indefinida de todo el personal del SNS por el rechazo de Sanidad a acordar un Estatuto Marco para avanzar
- CCOO reclama blindar la sanidad pública ante la expansión de la privatización y el deterioro del sistema
- Cómo blindar la sanidad pública en España: derogar la ley que abrió la puerta a la privatización y proteger a los pacientes
- Sánchez contrasta la protección a la salud pública recogida en la Constitución con la «privatización» del PP
- El Congreso admite a trámite la propuesta de Podemos para ‘desprivatizar’ el SNS
