El informe “101 avances logrados por el Gobierno gracias a nuestra presencia”, presentado por la dirección de IU a la militancia recientemente, incluye una frase clave: estar en los gobiernos “nunca ha sido un fin en sí mismo” y se reconoce una “contradicción constante” entre acción institucional y límites estructurales. Pero ahí se detiene la reflexión. El documento enumera medidas y señala obstáculos, sin entrar en un balance político de fondo sobre qué ha supuesto la participación de IU en el Gobierno para la propia organización, para la clase trabajadora y para el horizonte anticapitalista.
Desde una perspectiva de izquierda transformadora, esa discusión no es un lujo teórico: es la condición para que la izquierda no quede atrapada en la mera gestión del orden existente.
1. Desplazamiento del sujeto político
El informe convierte al Gobierno –y a IU dentro de él– en el sujeto casi exclusivo de las conquistas, mientras que la clase trabajadora, los movimientos sociales y el conflicto de clase aparecen como decorado. Se habla de la militancia de base y de las luchas en barrios y pueblos, pero enseguida el foco se desplaza a ministros, leyes y reales decretos.
Esta lógica refuerza la delegación: la política se reduce a negociar en el Consejo de Ministros y en el Congreso, mientras el protagonismo social se debilita. La promesa implícita es clara: “nosotros gobernamos por vosotros”, en lugar de “organizaos para cambiar la correlación de fuerzas”.
2. Aceptación de marcos de poder intocables
La estrategia institucional seguida ha asumido tres grandes límites como intocables: la integración en la OTAN, el marco de la UE del capital y los compromisos con la estabilidad del sistema financiero. El informe de los “101 avances” no menciona ni la OTAN, ni el rearme europeo, ni el papel del Banco Central Europeo, ni la deuda. Esa ausencia no es casual, es estratégica.
Cuando los márgenes de maniobra se definen así, toda política de izquierdas queda reducida a “hacer lo que se pueda” dentro de un carril estrechísimo: repartir un poco mejor, mitigar daños sociales y, en el mejor de los casos, corregir excesos de los mercados. La ruptura deja de ser horizonte y se convierte en un recuerdo incómodo.
3. Institucionalización y desmovilización
Mientras el documento reivindica la presencia histórica de IU en luchas sociales, no hay autocrítica sobre el desgaste organizativo de estos años: pérdida de militancia, subordinación a dinámicas de coalición, crisis de identidad propia frente a espacios como Sumar y alejamiento de sectores populares que perciben a la izquierda como parte más del “bloque institucional”.
La apuesta central ha sido ser garantía de estabilidad progresista, más que palanca de conflicto contra el bloque de poder. Esa opción tiene costes: desmovilización social, debilitamiento de la conflictividad laboral y vecinal, y creciente dependencia de campañas electorales y acuerdos de élites para sostener la presencia institucional.
4. Riesgo de socialdemocratización
El balance de Gobierno muestra a una IU que, efectivamente, ha empujado reformas útiles: subidas de SMI, refuerzo de pensiones, leyes feministas, medidas de vivienda, avances en memoria democrática y gestos relevantes en el caso palestino. La cuestión no es negar eso, sino preguntarse qué modelo de izquierda se construye sobre esa base.
Sin cuestionar OTAN, UE del capital, propiedad de los grandes medios de producción ni poder del capital financiero, el papel que queda es el de una socialdemocracia de recambio: gestionar el capitalismo en crisis con un rostro humano, contener la conflictividad social y evitar que la contradicción capital‑trabajo se exprese de forma abierta.
Abrir el debate, no cerrarlo
El documento de los “101 avances” funciona como cierre de ciclo: “hicimos lo que se podía hacer, logramos mucho, mereció la pena estar”. Desde una perspectiva comunista y de clase, la tarea es la contraria: usar ese balance como punto de partida para reabrir el debate sobre estrategia.
Al menos tres preguntas deberían ocupar el centro:
– ¿Cómo articular participación institucional y construcción de poder popular sin caer en la mera gestión?
– ¿Qué líneas rojas (OTAN, UE del capital, disciplina fiscal, modelo de propiedad) no pueden seguir aceptándose como condición de gobierno?
– ¿Qué forma organizativa y qué política de alianzas necesita una izquierda que no quiera resignarse a ser la socialdemocracia que llega tarde?
Responderlas no es un ejercicio académico: es decidir si IU –y el conjunto de la izquierda– quieren seguir administrando el régimen o volver a ser una amenaza real para él.
