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En el estado español el conjunto del gasto militar y de control social («securización») arroja una cifra completamente inasumible: 78.149,18 millones de euros. De ellos 65.015,65 millones corresponden al gasto militar; 6.717,84 millones al de control social de la administración central, y otros 6.415,69 millones al control social autonómico.
Esta cuenta, además, se alarga si le añadimos el impacto que tiene en nuestra sociedad el negocio de la seguridad privada: unos 5.900 millones más.
De este modo llegamos a la cifra total de unos 84.049,18 millones de euros, con un impacto evidentemente negativo en nuestras vidas.
Como señala el grupo Tortuga de donde proviene esta información, cualquier sociedad ha de contar con mecanismos que garanticen la convivencia y las interrelaciones entre las personas y entre estas y el medio, lo que incluye, en sentido amplio, instituciones y prácticas de control social.
Podemos pensar en sociedades desmilitarizadas, autogestionarias o alternativas que ejerzan el control social de forma no violenta, o al menos no coactiva, mediante prácticas y metodologías de resolución alternativa de conflictos, con mecanismos de autogestión y autoorganización basados en la libre voluntad… Evidentemente esa sociedad no es la nuestra.
Se acaba de presentar públicamente un informe de Juan Carlos Rois y el Grup Antimilitarista Tortuga analizando los distintos mecanismos de control social y su relación con un gasto hipertrofiado que va en unión con el militar, donde se detallan las cifras del estado español y de cada comunidad autónoma.
