Encauzamiento del barranco de La Saleta en Aldaia: 98 millones que no solucionan.

La DANA del 29 de octubre de 2024 dejó una herida imborrable en la memoria colectiva de l’Horta Sud de Valencia. La riada descontrolada, los daños materiales sin precedentes y, sobre todo, la trágica pérdida de vidas humanas, crearon un clamor unánime por una solución que impida que algo así vuelva a suceder. En respuesta, las administraciones han acabado poniendo sobre la mesa un «Proyecto de Acondicionamiento del Barranco de la Saleta«, con una ambiciosa intervención ahora presupuestada en 98 millones de euros, más del doble de la estimación inicial de 47 millones del inicialmente redactado en 2022 y que se dejó sin ejecutar. Un proyecto diseñado para desviar las crecidas y proteger los núcleos población de Aldaia, Alaquàs y Xirivella.

Sin embargo, lo que se ha presentado como la solución definitiva está desatando una justa y creciente controversia. Expertos y organizaciones ecologistas y ciudadanas consideran que el plan, lejos de resolver el problema de raíz, podría ser un parche obsoleto, insuficiente y destructivo. Cuatro son las críticas fundamentales a este megaproyecto.

1. El Origen del desastre: no fue solo la lluvia, fue el cemento.

Para evaluar cualquier solución a las inundaciones catastróficas de l’Horta Sud, es crucial entender que la DANA no fue la única culpable. La tragedia es, en gran medida, la consecuencia previsible de décadas de decisiones territoriales que han transformado radicalmente el paisaje, una transformación que explica por qué el agua golpeó con tanta saña.

El estudio «Evolució de l’ús del sòl i conseqüències de la inundació de 2024 a l’Horta Sud«, de los geógrafos J.C. Membrado-Tena y J. Berenguer-Sala, pone cifras a este proceso. El concepto clave es la impermeabilización del suelo: la sustitución de tierra fértil por asfalto y hormigón. Los datos son demoledores: l’Horta Sud ha pasado de tener un 3% de suelo artificial en 1956 a un alarmante 26% en 2024.

Este sellado masivo del suelo no es casual, sino el resultado de políticas de ordenación territorial «poco reguladas» y una sucesión de «booms inmobiliarios» que priorizaron la construcción (privada) sin medir las consecuencias. Este «crecimiento excesivo de suelo artificial» tiene un efecto directo: el terreno pierde su capacidad natural de absorber el agua, multiplicando la escorrentía superficial y convirtiendo lluvias torrenciales en riadas incontrolables. La propia construcción del Plan Sur en 1973, aunque necesaria tras la riada del 57 en la ciudad de Valencia, ya supuso una «barrera física» que degradó la huerta colindante.

La correlación entre este modelo de desarrollo y la magnitud de la catástrofe es directa. La conclusión del estudio de Membrado-Tena y Berenguer-Sala es tan clara que merece ser citada textualmente:

Que durante la DANA del 29 d’octubre de 2024 l’Horta Sud pagara un peatge molt major —quant a víctimes mortals i danys materials— que altres zones també massivament inundades, com ara la Ribera Alta, s’explica en part per la superior i excessiva artificialització dels seus sòls.

ÓCon esta realidad sobre la mesa, la cuestión central no es si el proyecto de 98 millones ignora el urbanismo depredador practicado, sino hasta qué punto es su consecuencia directa. Una cultura de planificación que pasó 70 años sellando el suelo es la misma que ahora diseña una solución técnica que subestima la furia del agua que ese mismo cemento desat

2. La crítica técnica: un proyecto obsoleto para un clima que ya ha cambiado

Una de las críticas más severas que pesan sobre el proyecto se centra en su diseño técnico, un diseño que parece anclado en un clima que ya no existe. La documentación oficial indica que la conducción de derivación está pensada para un caudal máximo de entre 100 y 130 m³/s. Los críticos, en sus alegaciones formales al plan, responden que esa cifra es irrisoria frente a la cruda realidad: se estima que durante la DANA de 2024, el barranco transportó a su paso por Aldaia un caudal de 360 m³/s. La diferencia es tan abismal que ha llevado a múltiples colectivos a calificar el proyecto de «inservible» e «ineficaz ante eventos extremos».

Mientras la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) defiende el diseño calificando la DANA de 2024 como un «episodio extraordinario, muy por encima de los periodos de retorno de diseño recogidos en la normativa», los críticos replican que ese es precisamente el problema: en una nueva realidad climática, lo «extraordinario» se está convirtiendo en la nueva norma, dejando el proyecto obsoleto antes de que se ponga la primera piedra.

Esta admisión alimenta la crítica más profunda: el riesgo de generar una «falsa sensación de seguridad de cara al futuro». La población teme que se inviertan casi 100 millones de euros en una infraestructura que, de repetirse un episodio similar, volvería a verse superada. Esto podría generar una peligrosa complacencia, llevando a los ciudadanos a creer que están protegidos cuando el riesgo de una nueva catástrofe seguiría latente. Esta insuficiencia técnica, argumentan los detractores, es un síntoma de un mal mayor: una visión miope y fragmentada que se niega a entender la cuenca como un sistema interconectado, al tiempo que trata de proteger intereses particulares inconfesables..

3. Visión fragmentaria: una solución aislada para un problema interconectado

Una cuenca hidrográfica es un sistema donde todo está conectado. Las actuaciones en un punto tienen consecuencias aguas arriba y aguas abajo. Por ello, los expertos insisten en que la gestión de inundaciones debe ser integral. Sin embargo, numerosas alegaciones critican el proyecto de la Saleta por ser una «solución aislada», ejecutada sin un plan coordinado y presupuestado para el resto de la cuenca, especialmente para los barrancos del Poyo y Pozalet, de donde procede gran parte del agua. La lógica, según los críticos, dicta que las soluciones deben comenzar «por las partes altas y no por las del final», laminando las avenidas de agua desde su origen.

La administración justifica este enfoque argumentando que el proyecto salda una «deuda histórica» del Plan Sur, que interceptó la desembocadura natural de la Saleta en los años 70. El objetivo, dicen, es «restaurar unos flujos» conectando el barranco al nuevo cauce del Turia. Si bien esta conexión es necesaria, los críticos sostienen que no puede ser la única actuación. Denuncian que se está ejecutando la actuación 34 del Plan de Riesgo de Inundación (la de la Saleta) sin planificar ni dotar de presupuesto a la del Poyo (actuación 36). Este enfoque, según consta en las alegaciones, «fragmenta el sistema, resta funcionalidad y no garantiza una solución estable frente a inundaciones«.

Es precisamente esta falta de visión integral la que fuerza a la administración a proponer una solución tan drástica en el tramo final. Al no gestionar el agua desde su origen en la cuenca, se ven obligados a imponer una obra de choque que choca, literalmente, contra el patrimonio más valioso de la comarca: la huerta.

4. El dilema ambiental: ¿Vía verde o cicatriz de hormigón en la Huerta?

L’Horta de València es un paisaje cultural y productivo de valor incalculable, teóricamente protegido por ley. La administración promociona la obra como una «vía verde», un término que evoca corredores naturales y paseos amables. Sin embargo, los planos del proyecto desvelan una realidad mucho más dura, muestra lo que muchos consideran una nueva agresión a un ecosistema ya muy castigado.

El peaje físico del proyecto es inmediato e irreversible: la expropiación y destrucción de aproximadamente 8 hectáreas de «huerta productiva». Para un paisaje ya fragmentado, la pérdida de cada hectárea es un golpe difícil de asumir. Además, la crítica más contundente cuestiona el propio concepto de «vía verde». Según se detalla en las alegaciones, la mayor parte del trazado a cielo abierto (unos 2,8 kilómetros) no será un corredor ecológico, sino un canal cuyo lecho y taludes estarán revestidos de «escullera» (riprap o escollera de piedra). El resultado, alertan, será un paisaje «muy artificial», una cicatriz de roca que poco tiene que ver con la imagen natural que se pretende vender.

Para evitar el rechazo social en Aldaia, una parte del canal discurrirá soterrada. La CHJ lo justifica para evitar la «alarma social y un rechazo enérgico» de la población tras la DANA. No obstante, los críticos alertan sobre el «elevado riesgo de colapso, obstrucción o desbordamiento inesperado» que conlleva una conducción subterránea de estas dimensiones y cuya trayectoria contempla giros del canal de 90 grados que ayudarán a su rápida obstrucción.

Conclusión: Repensar el futuro en lugar de parchear el pasado

Las cuatro verdades incómodas dibujan el perfil de un plan inaceptable. Un proyecto que nace de una cultura urbanística que selló de cemento el suelo, cuya capacidad técnica parece insuficiente para el actual cambio climático, que carece de una visión integral y que amenaza con infligir una nueva herida a la Horta de València. Impulsado por la urgencia post-catástrofe, las administraciones públicas se han limitado a dar una solución del siglo XX para un problema del siglo XXI.

Frente a este modelo, el Comité Local de Emergencias y Reconstrucción de Aldaia defiende una propuesta alternativa que busca dar respuesta directa a las cuatro críticas señaladas:

• Frente al cemento: reutilizar una cicatriz existente —la obsoleta vía del tren C3— en lugar de crear una nueva, eliminando barreras arquitectónicas.

• Frente a la obsolescencia técnica: Aprovechar el trazado ferroviario liberado para una canalización subterránea de mayor capacidad, adecuada al nuevo escenario climático.

• Frente a la visión fragmentaria: Integrar en una sola actuación la gestión del agua, la movilidad sostenible (sustituyendo el tren por un tranvía) y la creación de espacio público.

• Frente a la destrucción ambiental: Liberar la superficie urbanizada para crear un gran parque inundable y un embalse para riego, regenerando el paisaje en lugar de sacrificar huerta productiva.

Tras una catástrofe como la DANA de 2024, la ciudadanía merece más que una «solución rápida y fácil». La urgencia no puede ser una excusa para perpetuar un modelo de infraestructuras duras que ha demostrado sus límites y nefastas consecuencias. Es el momento de que las administraciones se detengan, escuchen y se comprometan a «realizar un estudio serio basado en el nuevo contexto climático» y contando siempre con la participación local de los y las afectadas. Deben analizarse alternativas integradoras como la propuesta ciudadana, que no solo buscan proteger vidas, sino también regenerar el territorio.

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