El Gobierno español vende un relato de ruptura total con el complejo militar israelí, pero la realidad muestra lo contrario. Investigaciones independientes como la del Centre Delàs desvelan que los contratos vigentes, las excepciones legales y cadenas de suministro con Israel prosiguen un negocio millonario, pese al decreto de septiembre de 2025.
La falacia está en que aunque el gobierno afirma no autorizar nuevas ventas de armas, lo que si sigue haciendo es ejecutar los contratos ya firmados y que no son menores: desde octubre de 2023 España ha adjudicado decenas de contratos a empresas israelíes o vinculadas a ellas, por más de 1.000 millones de euros.
El embargo a Israel y su letra pequeña
En septiembre de 2025, Moncloa aprobó un real decreto que prohibía nuevas ventas de armas a Israel y vetaba tránsitos de buques o aviones con material militar. Sin embargo, el texto incluía excepciones puntuales por interés general, una cláusula que permite al Ejecutivo sortear la norma cuando lo estima oportuno.
El Centre Delàs, en su informe de marzo de 2026, denuncia que España no ha cortado las relaciones armamentísticas: siguen activos contratos por cientos de millones, programas conjuntos de defensa y compras de tecnología israelí incorporada en material español.
Vetos selectivos, negocio intacto
El Gobierno presume de haber bloqueado siete tránsitos de buques con armas y 57 operaciones de venta de material de doble uso. Pero estos vetos no tocan el núcleo: licencias ya emitidas, mantenimiento de sistemas o importaciones indirectas siguen fluyendo.
Esta contradicción entre discurso y hechos cuestiona la seriedad del embargo. Mientras Palestina sufre el genocidio en Gaza, España prioriza intereses económicos sobre la coherencia ética. El “embargo fantasma” evidencia las límites de una política exterior que habla de paz pero nutre la guerra.
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Referencias
