Recientemente se han publicado dos estudios de la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Plataforma de Afectad@s por la Hipoteca (PAH) que demuestran que nuestro país atraviesa una crisis de subsistencia habitacional, caracterizada por una transferencia regresiva de riqueza desde el trabajo hacia el capital rentista, ayudada por el sesgo de infra-ponderación estadística del gobierno. Se trata de cuestiones centrales que determinan las condiciones de vida de una gran parte de la población trabajadora y ante las que no cabe «mirar para otro lado», desde la izquierda real…
IPC inquilino frente al oficial
En efecto, el estudio de la CGT recién difundido muestra que la metodología aplicada por el Estado para establecer el Índice de Precios al Consumo (IPC) infravalora de forma sistemática la pérdida de poder adquisitivo de los 8,4 millones de personas que viven de alquiler. Dos son las deficiencias estructurales detectadas.
Por un lado, la infraponderación del gasto. El INE asigna al alquiler un peso de apenas el 3,5% en la cesta de la compra, una cifra que ignora que los hogares inquilinos destinan, de media, el 25% de sus ingresos a esta partida. Esta distorsión infravalora el impacto real de la inflación en la vida doméstica. Por el otro, la exclusión de la vivienda en propiedad. Al no contabilizar la compra de vivienda como consumo, el índice oficial se desconecta de la principal carga financiera de la mayoría de la población.
Debido a ellas, la construcción del «IPC inquilino» revela una brecha alarmante respecto a los datos oficiales del ejercicio 2025:
- Inflación oficial media (2025): 2,7%.
- Inflación real de hogares inquilinos (2025): 4,7%, casi duplicando el indicador oficial.
- Aumento acumulado (2019-2025): Mientras el IPC oficial creció un 25%, el coste de vida para los inquilinos se disparó un 31%.
Análisis geográfico de la brecha y picos acumulados
La inflación habitacional presenta una distribución asimétrica, con especial virulencia en los denominados «mercados tensionados»:
- Madrid: Registra la mayor brecha del país, con una inflación del 5,6% frente al 3% oficial, lo que supone un diferencial de casi 2,7 puntos porcentuales.
- Comunidad Valenciana y Andalucía: Ambas alcanzan una inflación del 4,8% en 2025. Destaca especialmente el agotamiento estructural en la Comunidad Valenciana, con una subida acumulada del 37% en los últimos seis años.
- Baleares y Andalucía: Presentan picos de inflación acumulada del 35% desde 2019, evidenciando una erosión de riqueza persistente y de largo alcance.
- Cataluña: Registra un 4,6% de inflación real frente al 2,5% oficial en 2025.
Impacto en la renta y el poder adquisitivo de la clase trabajadora
La divergencia entre la inflación oficial y el IPC inquilino oculta una caída drástica de la capacidad adquisitiva de los trabajadores. Bajo la métrica oficial, el salario real pactado en convenio se sitúa un -3,2% por debajo de los niveles de 2019. Sin embargo, al aplicar el IPC inquilino, la pérdida real de poder adquisitivo para quienes viven de alquiler se agrava hasta el -6,9%.
De hecho, el alquiler ha mutado en un dispositivo de transferencia regresiva de riqueza, donde el encarecimiento de la vivienda funciona como un segundo nivel de explotación tras la laboral. Este «círculo vicioso» impide la acumulación de ahorro, atrapando a los hogares en una precariedad permanente.
Este fenómeno es particularmente agudo para la población migrante extracomunitaria, de la cual el 63% reside en viviendas de alquiler a precio de mercado, sufriendo de forma desproporcionada esta extracción de rentas que consolida la desigualdad estructural y el riesgo de exclusión social.
Fin del «Escudo Social» y vacío legal actual
El análisis de la PAH demuestra que el denominado «escudo social» fue una medida paliativa de alcance limitado. Durante su vigencia, solo se logró proteger a 1 de cada 4 hogares vulnerables. El dato es demoledor: entre 2020 y el tercer trimestre de 2025, se ejecutaron 182.604 desahucios, una cifra que habría superado los 200.000 sin esta cobertura mínima.
El rechazo parlamentario realizado el mes pasado por la derecha a la prórroga de las medidas de protección ha generado un vacío legal crítico. Las asambleas de la PAH ya detectan una entrada masiva de avisos de desahucio que carecen de cualquier garantía jurídica. La prioridad de los cálculos electorales sobre la protección social ha dejado a miles de familias en una situación de indefensión absoluta ante la pérdida de su hogar.
El horizonte que se dibuja para 2026 es, pues, más que preocupante. Seguramente, va a haber (ya se esta produciendo) un agravamiento severo de la emergencia habitacional, ya que este año se cumple la fecha de vencimiento de aproximadamente 600.000 contratos de alquiler suscritos o renovados durante el año 2020.
Un vencimiento que coincide con unas subidas estimadas del 40% en las renovaciones de los contratos de alquiler. Sin un marco legal protector que el gobierno ha rechazado siquiera proponer, nos enfrentamos a una «cascada de desahucios» cuya única limitación operativa será la capacidad de tramitación de los propios juzgados para autorizarlos.
Conclusiones y propuestas
El Gobierno PSOE-Sumar actual tiene que abandonar de forma inmediata la «política de titulares» y afrontar los hechos y la realidad que procuran esconder, porque la vivienda ha pasado a ser la principal preocupación ciudadana. Y los datos demuestran que la inflación oficial es una ficción estadística para millones de inquilinos que ven cómo su salario es absorbido por la renta. La transformación real del mercado de la vivienda y su desmercantilización efectiva son las únicas vías para evitar un colapso social marcado por el empobrecimiento sistémico y la precarización masiva de hogares. El tiempo de la inacción política ha agotado el margen de supervivencia de la mayoría social.
Resultan especialmente urgentes:
Reforma de la Medición Económica. Es imperativo que el INE desarrolle un indicador de inflación oficial que pondere adecuadamente el coste real de la vivienda, incluyendo tanto el alquiler (con su peso presupuestario real) como la propiedad, para evitar el actual sesgo de infraponderación que invisibiliza el empobrecimiento de la clase trabajadora.
Desmercantilización y Control de la Especulación. Se requiere una transición urgente hacia un modelo de vivienda como derecho y no como activo financiero. Esto implica desarrollar políticas para reducir precios y eliminar la acaparación por parte de fondos de inversión y banca, así como el establecimiento de un escudo universal y público que prohíba los desahucios de personas vulnerables sin una alternativa habitacional digna.
Cláusulas de Revisión Salarial Integral. Las actualizaciones salariales basadas en el IPC oficial son insuficientes y actúan como un subsidio indirecto a los caseros. Se demanda la inclusión obligatoria de la variación del precio de la vivienda en las cláusulas de revisión salarial de los convenios colectivos para garantizar la estabilidad material de los hogares inquilinos.
