Comisión Mixta de la DANA: 477 días de espera para una mesa sin poder real.

Imagen por IA de un pueblo afectado por DANA y los ministros del ramo

Este 18 de febrero de 2026, 477 días después de la DANA que arrasó decenas de municipios valencianos, Gobierno central y Generalitat escenificaron por fin su “tregua” constituyendo la Comisión Mixta en el castillo de Riba-roja de Túria.  Sobre la mesa, palabras grandes: cooperación, consenso, reconstrucción. Sobre el terreno, vecinas y vecinos que han esperado año y medio a que alguien coordine seriamente ayudas, obras y decisiones que afectan a sus casas, sus tierras y su salud.

Qué es realmente la Comisión Mixta

La Comisión Mixta nace ligada al Real Decreto-ley 6/2024, que declaró “zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil” a los municipios golpeados por la DANA y activó el catálogo de ayudas y medidas del Estado. Es decir, no es un órgano de diálogo, sino una pieza más del engranaje institucional previsto tras grandes desastres: informes, planes, convocatorias y mucha letra pequeña.

Formalmente, es un órgano colegiado de interlocución entre tres niveles de administración:

El pleno de la Comisión se reunirá cada tres meses, cuatro veces al año. No reparte ayudas directamente ni firma obras: “coordina”, “ordena prioridades” y “da seguimiento”.

Las competencias ejecutivas siguen en manos de ministerios, conselleries y organismos como la CHJ.

Una arquitectura pensada para gestionar el conflicto… sin abrirlo

La Comisión se organiza en cuatro grupos de trabajo: Emergencias, Salud Mental, Infraestructuras hídricas y Albufera–Parque Natural del Túria. Sobre el papel, tiene sentido: hay que revisar protocolos, atender el impacto psicológico, repensar cauces y barrancos, proteger espacios naturales. El problema no es el temario, sino quién lo escribe y desde dónde.

Porque hay que tener en cuenta, en la práctica, que la Comisión:

Todo esto hace que la Comisión Mixta sea una pieza clásica del modelo de “gestión vertical de las emergencias”: las decisiones se concentran arriba, en espacios de negociación entre gobiernos, mientras la población afectada queda relegada al papel de receptor de medidas ya digeridas.

477 días de retraso: cuando el problema no es técnico, sino político

El dato clave no es solo que la Comisión se haya puesto en marcha, sino cuándo: 477 días después de la riada. En otros desastres, como el volcán de La Palma, el Estado creó una comisión mixta en apenas días; aquí ha pasado más de un año entre reproches cruzados, ruedas de prensa y gestos de confrontación.

Ese retraso dice varias cosas:

  • Que la prioridad de las administraciones no fue construir desde el inicio un espacio estable de coordinación multiescalar, sino disputar el relato: quién manda, quién “trae el dinero”, quién corta la cinta.
  • Que los pueblos han tenido que sobrevivir a la maraña de normativas, convocatorias fragmentadas y plazos sin un marco político claro donde alzar la voz colectivamente.
  • Que la Comisión nace más como cierre de ciclo de crispación que como inicio de una reconstrucción realmente compartida: con nuevo president y discurso de distensión, se firma la paz entre administraciones… no necesariamente con los afectados.

Cuando la política se dedica 15 meses a pelear por la foto de la reconstrucción, lo que se reconstruye es el poder de arriba, no las vidas de abajo.

La escenografía del consenso y sus límites

Los titulares hablan de “tregua”, “ambiente cordial” y “tono constructivo”. La primera reunión deja imágenes muy reconocibles: mesa larga, castillo de fondo, discursos de cooperación institucional. Mientras tanto, las desigualdades entre municipios, la lentitud de las ayudas y la inseguridad ante nuevas DANAs siguen ahí.

La Comisión, tal como está planteada, tiene varios límites estructurales:

Dicho en claro: se vende como espacio compartido lo que, de hecho, es una mesa para administrar diferencias entre gobiernos, no para democratizar las decisiones sobre el territorio y la reconstrucción.

De la reparación mínima a la justicia climática y social

La DANA no fue un accidente aislado, sino un síntoma más de un modelo de ocupación del territorio y de gestión del agua que nos hace vulnerables. Si la respuesta institucional se limita a reparar daños y reponer infraestructuras sin cambiar reglas de fondo, estamos preparando la próxima catástrofe.

Desde una perspectiva crítica y de izquierdas, hay al menos cuatro ejes que deberían estar en el centro:

  • Poder desde los pueblos: Los Comités Locales (CLER) deben seguir planteando asambleas de municipios afectados, con representación vecinal, sindical y ecologista, que no solo “opinen”, sino que tengan capacidad de propuesta vinculante sobre obras, prioridades y usos del suelo.
  • Participación real en los grupos de trabajo: si hay mesas sobre emergencias, salud mental o infraestructuras, deben incluir a quienes atienden en primera línea y a quienes sufren las consecuencias, no solo a cargos políticos y técnicos.
  • Financiación finalista gestionada desde abajo: fondos específicos para mancomunidades y ayuntamientos, con criterios de reparto transparentes y control social, reduciendo dependencia de ministerios y conselleries.
  • Cambio de modelo territorial: revisión democrática del planeamiento en zonas inundables, límites a la especulación urbanística, restauración ecológica de ríos y barrancos, y refuerzo de servicios públicos preparados para eventos extremos.

No se trata solo de “reconstruir lo que había”, sino de decidir colectivamente qué no queremos repetir.

Más allá de la Comisión Mixta

La Comisión Mixta de la DANA es un espejo: refleja un Estado y unas autonomías que prefieren gestionar la emergencia desde arriba, manteniendo la población afectada en la posición de paciente que espera turno en la ventanilla. Es mejor que nada, sí; pero es claramente insuficiente para garantizar justicia climática, social y territorial.

Las alternativas no vendrán de una mesa diseñada para no incomodar a nadie con poder. Vendrán de la organización en los pueblos, de las plataformas de afectadas, de los sindicatos, de los movimientos ecologistas y vecinales que exijan cambiar las reglas del juego, no solo parches tras cada desastre.

O la reconstrucción se democratiza desde abajo, o la próxima DANA nos encontrará otra vez en el mismo punto: fotos, discursos y, en medio del barro, gente que vuelve a empezar sola.

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