Los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción (CLER) trasladaron este lunes al Gobierno de España una propuesta de moratoria “inmediata” a la construcción en zonas inundables en los municipios afectados por la DANA del 29 de octubre de 2024. La petición ha sido dirigida a la Comisionada para la Reconstrucción, Zulima Pérez, ante la preocupación generada por el anuncio de diversos proyectos urbanísticos en terrenos que quedaron anegados durante aquel episodio meteorológico extremo.
La iniciativa no llega en el vacío. Desde hace meses, organizaciones de derechos humanos, colectivos vecinales y expertos académicos vienen alertando de que la respuesta institucional a la catástrofe ha seguido dos velocidades contradictorias: lentitud en la revisión normativa y celeridad en la aprobación de nuevos desarrollos urbanísticos en terrenos que el agua ya demostró que no deberían construirse. Amnistía Internacional denunció en octubre de 2025 que las autoridades autonómicas valencianas habían diseñado un urbanismo “exprés” que flexibiliza los procedimientos y permite continuar aprobando proyectos urbanísticos en los municipios afectados, poniendo en riesgo el derecho a la vivienda. Su informe Llueve sobre mojado. La DANA: impactos de la crisis climática en un escenario de crisis estructural de vivienda.
El territorio que actuó como esponja, amenazado por el hormigón
Según los comités, ayuntamientos como los de Alfafar, Massanassa, Xirivella, Picanya, Picassent, Aldaia, Alaquàs, Cheste, Buñol y Chiva han planteado nuevos polígonos industriales, zonas residenciales, macroproyectos energéticos y ampliaciones de centros comerciales en suelos agrícolas que durante la DANA actuaron como zonas naturales de absorción del agua.
La paradoja es flagrante: esos mismos terrenos que amortiguaron en parte el impacto de la riada son los que ahora están en el punto de mira de la especulación urbanística. Para los CLER, resulta alarmante que los fondos europeos destinados precisamente a la prevención de catástrofes se estén empleando para financiar “más ocupación y hormigón”, y han exigido de forma contundente la implementación de una moratoria urbanística, advirtiendo que, de lo contrario, las comarcas sufrirán un colapso aún mayor en la próxima DANA.
La Comunitat Valenciana es la segunda región con mayor extensión de zonas inundables de España, donde habitan aproximadamente 600.000 personas. En municipios como Paiporta y Catarroja, que tienen todas sus viviendas en áreas de riesgo de inundación, se registraron las mayores cifras de víctimas y daños tras el paso del temporal.
Una normativa que ya prohibía lo que ahora se pretende hacer
Los comités recuerdan que el marco legal vigente no es una novedad: el Plan de Acción Territorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana (PATRICOVA), aprobado en 2003 y revisado en 2015, ya establece restricciones explícitas a la construcción en áreas de riesgo. El artículo 18 del plan prohíbe la realización de infraestructuras vulnerables o que puedan modificar negativamente el proceso de inundación, incrementando los daños potenciales. Que esa norma no se haya aplicado con rigor es, precisamente, parte del problema.
El alcance de la DANA de 2024 mostró la insuficiencia del propio PATRICOVA: el agua desbordó las áreas inundables previstas en aquel plan, demostrando que no había servido para frenar la urbanización en las áreas consideradas peligrosas. La Generalitat Valenciana anunció en enero de 2026 una revisión del plan —adjudicada a la Universitat Politècnica de València—, con previsión de que la nueva cartografía amplíe las zonas clasificadas como inundables. Según las primeras previsiones, la superficie considerada inundable será mayor que la recogida en la cartografía actual, lo que implicará más restricciones a nuevos desarrollos en determinadas zonas para proteger a la población. Los detalles de esa revisión pueden seguirse en actualidadvalencia.com.
Sin embargo, mientras esa revisión se tramita, la maquinaria urbanística no se ha detenido. Desde las comisiones de Territorio, Urbanismo y Movilidad Sostenible de los CLER de distintos municipios afectados, se han presentado alegaciones al Plan para la Recuperación y Mejora de la Resiliencia frente a las Inundaciones del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), detectando que, aunque incluye algunas propuestas adecuadas, el plan es totalmente insuficiente. Esas alegaciones están recogidas en noticiasciudadanas.com.
Décadas de urbanismo intensivo en l’Horta Sud
La demanda de moratoria no puede desvincularse de una historia urbanística que viene de lejos. La comarca de l’Horta Sud experimentó desde los años 60 un proceso de urbanización acelerado y desordenado, y las casas más perjudicadas por las inundaciones fueron las que se localizaban sobre ramblas y barrancos, terrenos históricamente vulnerables que se ocuparon sin tener en cuenta los riesgos asociados a su morfología.
Diversos estudios evidencian una notable disminución de la inversión en infraestructuras hidráulicas en la provincia de Valencia a partir de 2009, consecuencia directa de los ajustes presupuestarios derivados de la crisis económica y financiera, reduciendo así la capacidad de prevención y mitigación de riesgos. La tragedia de octubre de 2024, que causó la muerte de 230 personas, fue por tanto el resultado acumulado de décadas de decisiones políticas y urbanísticas que ignoraron sistemáticamente el riesgo.
Las medidas que exigen los CLER
La propuesta presentada a la Comisionada Zulima Pérez incluye un paquete de medidas de aplicación inmediata, mientras se revisan la cartografía y la planificación territorial:
- Suspensión de planes urbanísticos que afecten a suelos rurales identificados como inundables en la cartografía del PATRICOVA
- Paralización de Declaraciones de Interés Comunitario (DIC) en suelo no urbanizable situado en zonas de riesgo según las cartografías autonómica o estatal
- Suspensión de procedimientos urbanísticos hasta que se incorpore un informe de escorrentías del organismo de cuenca competente que valore el riesgo real de inundación
- Paralización de proyectos en suelos que, pese a no estar catalogados como inundables en el PATRICOVA de 2015, resultaron anegados durante la DANA
- Protección definitiva de las zonas inundables, impidiendo en ellas cualquier nuevo desarrollo urbanístico.
Entre las medidas más concretas, los CLER proponen también la eliminación del Circuito Ricardo Tormo y de los aparcamientos de diferentes compañías automovilísticas construidos en terrenos de dominio público hidráulico, la recuperación como suelo agrícola inundable de los terrenos de los cauces ocupados por industrias y edificaciones, y la paralización inmediata de nuevos proyectos industriales junto a barrancos, como el caso del Parque Empresarial “Pont dels Cavalls” en Aldaia.
Los comités señalan que la moratoria tiene como objetivo preservar la biodiversidad y los suelos agrícolas fértiles, proteger las aguas subterráneas y evitar la degradación de las zonas ambientales sensibles. Y subrayan que la aplicación del principio de precaución es imprescindible después de que la DANA demostrara que las previsiones actuales de la cartografía de inundabilidad han resultado insuficientes.
El contexto político: entre la reconstrucción y la presión urbanística
La petición llega en un momento de creciente tensión entre los colectivos afectados y las distintas administraciones. Según los comités, lejos de revertirse las políticas basadas en el “ladrillazo”, el número de proyectos ha aumentado en los últimos meses aprovechando la tardanza en la aprobación de leyes más restrictivas.
La Generalitat presentó en febrero de 2025 una nueva cartografía DANA diseñada para gestionar el territorio en un escenario postemergencia, con la identificación y delimitación de las zonas de riesgo, suspendiendo ciertos procedimientos urbanísticos en suelos rurales hasta que se concreten las obras hidráulicas necesarias para eliminar el riesgo de inundación. Esa cartografía puede consultarse en el visor oficial de la Conselleria de Medio Ambiente. Sin embargo, los CLER consideran esa medida insuficiente frente a la presión real que ejercen los proyectos ya en tramitación.
Referencias y enlaces de interés:
- Plan de Acción Territorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación (PATRICOVA)
- Propuesta de los CLER ante la Comisionada para la Reconstrucción
- Mapa de zonas inundables de la Comunitat Valenciana
- La cobertura del conjunto de medidas estatales de reconstrucción puede seguirse en La Moncloa.
