El pasado 10 de marzo, la presidenta Ursula von der Leyen pronunció ante el cuerpo diplomático europeo en Bruselas un discurso que ha encendido todas las alarmas. Afirmó que el viejo orden internacional basado en reglas «ya no existe» y que Europa debe adaptarse a un mundo más duro e inestable, apostando por una política exterior que ella misma calificó de «más realista». Traducido sin eufemismos: la jefa de Comisión Europea manifiesta públicamente abrazar la lógica de la fuerza en un momento en que los conflictos armados se multiplican en Oriente Próximo y en otras regiones del planeta.
La reacción no se ha hecho esperar. Grupos parlamentarios de la izquierda europea, los socialistas y los verdes barajan la posibilidad de presentar una moción de censura contra la Comisión. Aunque la iniciativa no está formalmente registrada, los contactos para medir apoyos ya están en marcha, según fuentes parlamentarias. Y todo ello, a sabiendas de que será muy difícil que pueda prosperar una iniciativa de ese tipo, considerando las experiencias previas y las cortapisas del propio sistema parlamentario europeo, que exige al menos dos tercios de los votos emitidos y la mayoría absoluta de la cámara para poder tramitar una moción, un umbral tan deliberadamente alto que nunca se ha alcanzado en toda la historia de la Unión Europea.
Pero lo más revelador de este episodio, seguramente, no es la reacción de la oposición parlamentaria progresista y de izquierdas, más o menos previsible, sino las grietas que el discurso de Von der Leyen ha abierto en el propio corazón institucional europeo. António Costa, presidente del Consejo Europeo, se desmarcó públicamente al reivindicar el orden internacional basado en normas y el respeto al derecho internacional, advirtiendo que abandonar ese marco equivale a abrir la puerta al unilateralismo y al uso de la fuerza como herramienta ordinaria entre Estados. Es una discrepancia inusual, pública y de alto voltaje entre los dos máximos representantes del bloque.
Y, dentro de la propia Comisión, la vicepresidenta socialista Teresa Ribera no fue menos contundente: calificó de «muy peligroso» cualquier debate que ponga en cuestión el respeto al derecho internacional. Que una vicepresidenta corrija públicamente a la presidenta dice mucho sobre el grado de malestar interno que el discurso ha generado.
E igualmente desde Madrid, el Gobierno del PSOE-Sumar también respondió con una frase que resume bien la posición del ejecutivo español: aunque el mundo esté cambiando rápidamente, «los valores y principios de la Unión Europea no deberían cambiar«. Porque, según sus argumentos, Europa lleva décadas construyendo su identidad sobre la promesa de un multilateralismo que la distingue del poder desnudo. Y cuando su máxima representante ejecutiva sugiere que ese marco «ya no existe» y que hay que adaptarse a un orden más brutal, no está describiendo la realidad: está eligiendo un bando y traicionando la orientación que considerada más intrínseca, implícita o consustancial del proyecto europeo.
Ciertamente, en este rechazo a las declaraciones de la presidenta Layen también coincidimos quienes consideramos que la Unión Europea siempre fue una entente supeditada al Capital y la Guerra. Razón por la que consideramos que esta situación de «crisis institucional», además de constituir una nueva evidencia de la justeza de nuestros planteamientos alternativos, exige una amplia respuesta social y ciudadana.
La Europa que queremos los trabajadores y los pueblos, siempre muy distinta de la que se decía estar construyendo desde las instituciones actuales —la del multilateralismo, la del derecho internacional, la de la paz, la de la soberanía de los pueblos— nunca existió pese a ser la única alternativa.
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