Cuando se habla de “blindar constitucionalmente las pensiones”, lo que se está dirimiendo es si las pensiones seguirán siendo un salario diferido garantizado colectivamente o se abrirán definitivamente como nicho de negocio para bancos y fondos.
La Constitución menciona las pensiones en los artículos 41 y 50, dentro de los llamados principios rectores. El 41 habla de un régimen público de Seguridad Social con prestaciones suficientes ante situaciones de necesidad; el 50 se refiere a pensiones “adecuadas y periódicamente actualizadas”. Pero al no ser derechos fundamentales, no se pueden invocar con la misma fuerza ante los tribunales; quedan muy expuestas a la interpretación política del gobierno de turno y no disfrutan de un blindaje real frente a los recortes y privatizaciones.
Desde 2013, la MERP (Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones) agrupa a cientos de organizaciones y millones de firmas que plantean una exigencia clara: introducir en la Constitución una cláusula que prohíba recortar o privatizar total o parcialmente el sistema público de pensiones y que garantice el mantenimiento del poder adquisitivo real.
Recientemente, un centenar de juristas —entre ellos Manuela Carmena, Baltasar Garzón o Martín Pallín— firmaron un manifiesto reclamando un salto cualitativo en la protección constitucional de las pensiones, recordando que el sistema público de reparto y solidario es el centro neurálgico del Estado social.
Para lograrlo, plantean varias vías. Una pasa por reforzar el artículo 41, dejando claro que el sistema será público, de reparto y solidario, cerrando la puerta a una sustitución progresiva por modelos privados de capitalización. Otra sería concretar el artículo 50 para que la actualización “periódica” se traduzca en una obligación expresa de mantener el poder adquisitivo, como mínimo revalorizando las pensiones con el IPC. Pero la propuesta más sutil técnicamente es reformar el artículo 53 para otorgar a las pensiones las mismas garantías que a los derechos fundamentales, permitiendo su invocación directa ante los tribunales y un control más estricto de cualquier reforma regresiva.
¿Por qué hay que buscar “atajos” constitucionales? Porque el Título X distingue entre una reforma ordinaria (art. 167), exigente pero viable, y una reforma agravada (art. 168) prácticamente blindada, que obliga a mayorías de dos tercios, disolución de Cortes y referéndum para tocar el núcleo duro del texto. El objetivo es blindar materialmente las pensiones sin abrir una reforma total que hoy no podría aprobarse con la crispación política existente.
Todo esto debe leerse en clave de lucha de clases. El capital financiero lleva años presionando para reducir la parte de la riqueza social que se distribuye vía salarios y pensiones, empujando hacia planes privados y de ahorro individual. Sin blindaje constitucional, cada crisis se traduce en nuevas exigencias de recorte bajo el mantra de la “sostenibilidad”. En cambio, un buen anclaje constitucional dificultaría esas contrarreformas, reforzaría la posición de los movimientos sociales y obligaría a que cualquier cambio de calado precisara de un amplio consenso político.
Porque no basta con mencionar en la Constitución “pensiones adecuadas”. Un verdadero blindaje debe reconocer el sistema público de pensiones como eje del Estado social, obligar al Estado a garantizar su financiación y asegurar por mandato constitucional el poder adquisitivo real de las pensiones presentes y futuras. La Constitución ya se reformó en 2011 para priorizar el pago de la deuda (art. 135). Si se ha podido blindar para los acreedores, no hay excusa democrática para no blindarla para quienes sostienen la reproducción social con su trabajo.
La clave está en combinar la batalla jurídica con la movilización organizada: convertir el blindaje constitucional de las pensiones en una exigencia central de la clase trabajadora, dentro y fuera de las instituciones.
Hoy, la pelota está en el tejado de los grandes partidos, pero también en el nuestro. Podemos resignarnos a que decidan en nuestro lugar o bien asumir que ningún derecho se ha conquistado ni se mantendrá sin movilización y sin que lo peleemos. Si queremos pensiones públicas dignas y blindadas, toca organizarse en sindicatos, plataformas y colectivos territoriales, apoyar a la MERP y presionar de forma sostenida a quienes ocupan escaños y gobiernos: no basta con prometer “sostenibilidad”, hay que inscribir en la Constitución que la vejez de la clase trabajadora no es un negocio, sino un derecho irrenunciable.
Para adherirse al Manifiesto
REFERENCIAS:
- https://www.65ymas.com/economia/pensiones/blindar-pensiones-posible-formulas-juristas-reformar-constitucion_80939_102.html
- https://www.65ymas.com/economia/pensiones/blindar-pensiones-100-juristas-manifiesto-prohibir-recortes-constitucion_80042_102.html
- https://extrajaen.com/jaen/cien-juristas-apoyan-el-blindaje-constitucional-de-las-pensiones
https://deverdaddigital.com/300-organizaciones-lanzan-el-manifiesto-blindar-las-pensiones-en-la-constitucion/ - https://www.65ymas.com/economia/pensiones/debate-merp-congreso-pacto-toledo-blindar-pensiones-constitucion_80774_102.html
- https://es.wikipedia.org/wiki/Reforma_constitucional_espa%C3%B1ola_de_2011
- https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-15210
- https://asocex.es/deficit-y-deuda-publica-en-la-constitucion/
- https://app.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=135&tipo=2
- https://www.perplexity.ai/search/https-www-65ymas-com-economia-yq08uN0tRsOrezxr2hW3mw
