«La Directa» acaba de publicar un informe donde analiza (nº 593) dónde han ido a parar parte de las ayudas públicas del Gobierno español y la Generalitat Valenciana destinadas a personas, autónomos y empresas afectadas por la DANA. El reparto de estas ayudas, cuando ya se cumple casi un año de esta riada, muestra un claro sesgo de clase entre las grandes empresas y cadenas comerciales y la actividad en barrios más depauperados…
Ester Fayos. Directa.cat
La recuperación inacabada de las zonas más humildes afectadas por la barrancada del pasado 29 de octubre contrasta con la normalidad ya alcanzada en el parque comercial de Alfafar, en el centro comercial Bonaire o en el polígono industrial de la pista de Silla, donde grandes establecimientos o concesionarios de automóviles han recuperado la actividad económica y la concurrencia, en parte gracias a las políticas públicas de apoyo económico aprobadas. La cuantía de dinero no retornable (ayudas directas) que la administración del Estado español puede destinar a empresas afectadas oscila entre los 10.000 euros –para sociedades con una facturación inferior al millón de euros anual– y 150.000 euros, en caso de sociedades mercantiles que facturan más de 10 millones al año.
Algunas de las multinacionales beneficiadas con la ayuda máxima de 150.000 euros y que ya han recuperado la actividad en las zonas devastadas son Heineken, Adidas, Decathlon, Sprinter, Kiabi, Danone o Ford. Con un volumen de facturación millonario, la empresa multiservicio Clece (que pertenece al Grupo ACS, la constructora de Florentino Pérez que cotiza en el IBEX-35), la mercantil Fovasa, dedicada a la recogida de residuos y propiedad de la familia Gimeno Calabuig, accionista mayoritaria del grupo Aguas de Valencia; o la aerolínea Air Nostrum, son otras de las beneficadas. También encontramos Simetria Fidentia SL, constructora propiedad al 50 % del fondo de inversión valenciano Atitlan; la inmobiliaria valenciana Guadalmedina o cementeras como Cimsa, sociedad de matriz turca que se convirtió en líder mundial en producción de cemento blanco al adquirir la filial española de la mexicana Cemex, que incluía la cementera de Bunyol.
La vuelta a la normalidad y el acceso a las ayudas públicas se manifiesta con un claro sesgo de clase. Por medio de un minucioso trabajo de campo, la Directa ha comprobado cómo barrios depauperados como el Parque Alcosa, formado por viviendas de protección oficial que se construyeron en los años sesenta para alojar a unos habitantes de clase trabajadora que habían llegado a Valencia; o el Raval d’Algemesí, con un vecindario formado mayoritariamente por familias de etnia gitana o migradas, no sólo no han recuperado la normalidad, sino que, con el paso de los meses, la demora del apoyo económico y la falta de respuesta institucional, se ha agravado la devastación de hogares, comercios y barrios. Parte del vecindario más humilde sigue viviendo en pisos o bajos que presentan daños estructurales. Espacios públicos, como escuelas, guarderías o parques infantiles, están sin reconstruir; alcantarillado y cámaras de aire bajo los edificios continúan llenos de barro, y muchos bajos de uso residencial o comercial están abandonados y acumulando residuos.
Una de las realidades que lo demuestra es la de Consolación Dual, vecina de la calle de Murcia de Torrent (l’Horta Sud), donde vivía en una casa en el lecho del comienzo del barranco del Poio prevista de derribar. En total, el Ayuntamiento asumirá la demolición de 45 viviendas «por el alto nivel de peligrosidad del lugar». Las familias son conscientes de ello y no se oponen, pero denuncian que afrontan el proceso sin información, sin saber si recibirán indemnizaciones y que las propuestas de realojamiento no se han formalizado por escrito. A la espera de recibir una ayuda estatal de 60.000 euros por destrucción total de la vivienda, de momento, Dual vive en un piso cedido por una ONG, donde debe renovar la autorización cada tres meses.
Su vecina, Amparo González, atraviesa una situación similar. Sin ninguna alternativa, González aún permanece en su piso de la calle de Murcia a pesar de tener el pasillo entre el comedor y el baño apuntalado por el riesgo de desploma. «Primero me dijeron que se tenía que derribar, después de que bastaba con reforzarlo… Lo que tenemos claro es que no podemos vivir en ella», manifiesta, preocupada por el destino de los realojamientos. A las problemáticas habituales de las zonas afectadas, se suma la marginación en la que vive el vecindario de una de las barriadas más humildes de Torrent. La mayoría de habitantes no cuenta con seguro de hogar y, por tanto, no ha recibido indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros. Solo han ingresado la ayuda de 6.000 euros de la Generalitat, los 10.000 del Estado por pérdida de enseres, y algunas donaciones privadas.
Desde organizaciones como el Observatorio de la Deuda en la Globalización, las investigadoras Oliveras Martí y Marta Pérez Fargas, quienes han recortado en detalle el reparto de las ayudas directas, cuestionan la inyección de dinero público a empresas con una facturación millonaria. «Esto pasa –critica Martí– porque, incluso desde partidos que se hacen llamar progresistas, se asume que la manera de velar por el bienestar de la población es haciendo que la rueda capitalista no pare, que el crecimiento no se estanque». «No se cuestiona —añade— que las grandes empresas sean rescatadas, ni se les establecen obligaciones, como garantizar puestos de trabajo o fomentar una reconstrucción adaptada al cambio climático». Compadece esta misma mirada crítica María Jiménez, una de las portavoces del Comité Local de la Emergencia y la Reconstrucción de Aldaia (l’Horta Sud): «no se deberían rescatar empresas que facturan lo suficiente para permitirse la reconstrucción por sí solas», y defiende priorizar la reconstrucción de escuelas, ofrecer alternativas a quien ha perdido la vivienda o agilizar las ayudas para los más vulnerables.
Avales y préstamos millonarios
Aparte de la inyección de dinero público sin ningún tipo de contraprestación, las empresas también pueden acceder a avales y préstamos de entidades financieras públicas, como el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Es el organismo encargado de administrar créditos y avales del Estado, los cuales son gestionados por bancos privados que actúan de intermediarios y deciden a quién concederlos. En caso de que la compañía beneficiaria no pueda devolverlos, es el Estado quien asume el grueso de la pérdida (un 80 %); el 20 % repercute en la financiera gestora.
El sector del automóvil ha sido uno de los principales beneficiados con avales y préstamos del ICO. Filiales de Mercedes-Benz, como Valencia Distribuidora Angal Automoción SL; mercantiles como Industrias Alegre SL, proveedora de marcas como Ford o Stellantis (conglomerado de la industria de la automoción), o concesionarios como Marcos Automoción, el grupo más grande en el País Valenciano, han recibido avales de hasta dieciséis millones de euros. Empresas del sector de la construcción o la fabricación de biocombustibles, del ámbito agroalimentario, donde aparecen varias sociedades proveedoras de Mercadona, como Fra Nui España o SAT Cítricos Valencianos, y de otras grandes cadenas de distribución; o incluso el centro comercial Bonaire, también han accedido a avales millonarios.
Nicola Scherer, investigadora de la ODG, subraya que, tal y como pasó con la covid-19 y ahora con la dana, el reparto de las ayudas, préstamos y avales muestra cómo «hay una tendencia a rescatar grandes empresas, porque tienen más capacidad para pedir ayudas y avales». Es por ello que la experta considera necesario diseñar otro sistema de reparto, «con criterios ambientales para evitar rescatar a las empresas que nos han llevado a una situación de emergencia climática, y criterios sociales y económicos para identificar quién necesita más ayuda y no la está recibiendo».
