Este 31 de enero, miles de personas volverán a las calles en una manifestación masiva que canaliza un descontento que no deja de crecer. No es solo un acto de memoria, es una exigencia de responsabilidades con nombres y apellidos, y un grito de advertencia sobre el futuro.
No es solo rabia, es organización masiva
La manifestación convocada para este 31 de enero en Benetússer y Alfafar no es un estallido espontáneo de enfado, sino la culminación de un esfuerzo coordinado y persistente. La convocatoria, respaldada por más de 200 entidades sociales, marcha bajo un lema que no deja lugar a dudas: «Mazón a presó».
Los actores principales de esta movilización —las asociaciones de víctimas, los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción (CLER) y el Acord Social Valencià— han articulado una demanda política concreta: exigen que el expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, «deje el acta de diputado y acudisca voluntàriament a declarar al jutjat de Catarroja». Acusan, además, al actual gobierno de «proteger» al considerado «máximo responsable» de la catástrofe.
Significativamente, la manifestación coincide con el primer aniversario de la creación de los CLER, que nacieron como una «respuesta popular» frente al «abandono institucional». Esto demuestra que la organización no es una reacción tardía, sino una estructura fortalecida ante lo que denuncian como una inacción deliberada.
La «normalidad» es una fachada que se inunda con cada lluvia
Esta capacidad de organización no nace en el vacío, sino que se alimenta de una desconexión palpable entre la narrativa oficial de recuperación y la cruda realidad cotidiana. Mientras la política habla de normalidad, los vecinos de las zonas afectadas denuncian que viven en un escenario de abandono permanente.
Según denuncia Beatriu Cardona, una de las portavoces de las entidades convocantes, la situación «un año y tres meses después» está lejos de ser normal. Hay escuelas en estado deplorable, personas con movilidad reducida atrapadas en sus casas por falta de ascensores y un sistema de alcantarillado deficiente que convierte cada lluvia fuerte en una nueva amenaza.
La percepción de abandono se resume en sus palabras: «Un año y tres meses después intentan imponer una normalidad que no existe. Muchas escuelas continúan en condiciones deplorables y personas con movilidad reducida no poden eixir de casa porque no tienen ascensor. A más, la pluja forta fa que el veïnat de l’Horta Sud visca amb por perquè els carrers continuen inundant-se pel clavegueram en mal estat».
La reconstrucción amenaza con repetir los errores del pasado
El conflicto va más allá del presente. Los mismos vecinos que sufren por un alcantarillado deficiente ahora ven con alarma cómo la propia reconstrucción amenaza con perpetuar las causas de la tragedia.
Ruth Moyano, en representación de los CLER, advierte que el modelo urbanístico que se está implementando reproduce las lógicas que agravaron la DANA: la especulación y la destrucción del territorio. Denuncia que se «està destruint horta, horta que necessitem per a sobreviure, per a fer centres comercials i polígons industrials». La huerta no es solo paisaje; es una barrera natural contra las inundaciones y un recurso vital.
Esta crítica apunta al corazón del problema y al miedo a que la historia se repita. Como sentencian desde los comités, no es una cuestión de urbanismo, sino de supervivencia: «Ens va la vida en això, no ho podem permetre».
El coste humano sigue sin contarse: la demanda de una lista de heridos
Más allá de la terrible y oficial cifra de 230 fallecidos, existe un sufrimiento que permanece invisible para las administraciones. La reclamación de Rosa Álvarez, presidenta de la Associació Víctimes Mortals Dana 29-O, es tan simbólica como reveladora: exige que se elabore una lista oficial de personas lesionadas por la tragedia.
La necesidad de esta lista nace de un vacío alarmante. Álvarez explica que a día de hoy, las únicas personas heridas de las que se tiene constancia son las que se han organizado por su cuenta: «només els que estan associats, perquè no hi ha informació». Esta ausencia de un registro oficial demuestra que el alcance total del daño humano no ha sido reconocido y que hay víctimas con secuelas físicas y psicológicas que, para el sistema, simplemente no existen.
Del duelo a la furia: «Un año de mentiras, cinismos y psicópatas»
La transformación del dolor personal en una exigencia política contundente es el motor más potente de esta movilización. Es la consecuencia lógica de sentir que a la tragedia le ha seguido la afrenta. El testimonio de Toñi García, quien perdió a su marido y a su hija en las inundaciones, encapsula este sentimiento de forma desgarradora.
Su experiencia refleja la de muchas otras víctimas que han percibido la gestión post-desastre no solo como ineficaz, sino como un insulto. La percepción de que los responsables políticos han actuado con falsedad y falta de empatía ha convertido el duelo en una furia que exige justicia.
La crudeza de su declaración resume el sentir de una comunidad que se siente engañada y abandonada por quienes debían protegerla: «…después de un año y tres meses de mentiras, cinismos y psicópatas».
La manifestación «Mazón a presó», en definitiva, es mucho más que un ajuste de cuentas por la gestión de una catástrofe. Es la expresión organizada de una sociedad que se niega a olvidar a sus muertos y que lucha por la dignidad de los supervivientes. Es una batalla por un futuro en el que el territorio y sus habitantes sean la prioridad por encima de la especulación, la negligencia y los recortes de servicios y recursos públicos. Es una batalla social y ciudadana pero también política, que pone en tela de juego el actual sistema.
