En un documento de 17 páginas recién difundido, la dirección de Izquierda Unida presume de “101 avances logrados por el Gobierno gracias a nuestra presencia”. El balance recoge reformas sociales reales, pero también silencios clamorosos sobre OTAN, fronteras, modelo económico y límites de la estrategia institucional. Este artículo analiza críticamente el documento, situando sus logros en el marco de una gestión reformista y limitada, que tampoco se atreve a cuestionar el marco constitucional y económico vigentes. Veamos.
IU y lo que no es
Izquierda Unida ha publicado el documento “101 avances logrados por el Gobierno gracias a nuestra presencia”, un balance de 11 bloques que pretende demostrar que la participación en el Gobierno de coalición desde 2020 ha mejorado sensiblemente la vida de la mayoría social. El texto recorre medidas de protección social, empleo, pensiones, feminismo, vivienda, transición ecológica, fiscalidad, financiación autonómica, política internacional, justicia y memoria democrática.
El propio informe se presenta como “rendición de cuentas” con la militancia y como prueba de que “cuando Izquierda Unida está, la gente vive mejor”. Sin embargo, una lectura crítica revela que persigue más bien una auto‑justificación de la estrategia gubernamental y por ello mezcla conquistas reales con silencios significativos y un relato muy complaciente del Gobierno que en ningún momento cuestiona los pilares del orden institucional (monarquía parlamentaria) y capitalista imperantes en nuestro país.
Balance de los avances recogidos el informe
Varios de los “avances” mencionados tienen un impacto material importante para sectores de la clase trabajadora, aunque siempre en clave de reformas parciales y reversibles. En protección social se destacan los ERTE de la pandemia, la implantación del Ingreso Mínimo Vital, la prohibición de cortes de suministros a consumidores vulnerables y el cheque de 200 euros contra la inflación para hogares con ingresos inferiores a 27.000 euros. Son medidas que actuaron como escudo social, con efectos inmediatos, pero sin alterar la estructura de propiedad ni el modelo productivo.
En empleo, el informe subraya la subida del SMI hasta 1.221 euros, la bajada del desempleo a cifras no vistas desde 2008 y la reforma laboral de 2021, junto con la ley rider, el reconocimiento de derechos a trabajadoras del hogar, la reducción de la temporalidad en el empleo público y el futurible Estatuto del becario. En pensiones, se celebra la revalorización con el IPC, la derogación del factor de sostenibilidad del PP, el aumento extraordinario de las pensiones mínimas y no contributivas y nuevos mecanismos de ingresos para la Seguridad Social, además de medidas específicas frente a la brecha de género.
El documento reivindica también leyes feministas (Ley “solo sí es sí”, ley trans y LGTBI, ampliación de permisos de maternidad y paternidad), medidas frente a la crisis climática y la movilidad, regulaciones frente a apuestas, oligopolios y fondos de inversión, más recursos a comunidades autónomas y ayuntamientos, una política de solidaridad con Palestina y avances en interior, justicia y memoria democrática (eutanasia, amnistía en Cataluña, Ley de Memoria Democrática, exhumaciones del franquismo).
La fotografía cuantitativa es clara: comparado con la etapa de austeridad, se ha ampliado el colchón social y se han reforzado, siempre limitadamente, ciertos elementos del Estado del bienestar.
Sombras, omisiones y exageraciones
La principal debilidad del informe no está en sus datos, sino en lo que omite y en cómo enmarca los avances. Primera omisión: el contexto internacional y militar. No se menciona la OTAN, el incremento del gasto militar ni la dinámica de rearme de la UE; la “solidaridad internacional” se concentra en Palestina, justo donde el Gobierno ha podido diferenciarse sin cuestionar el eje atlántico.
Segunda omisión: el régimen de fronteras. Se presentan como “hito” la regularización de personas migrantes y las mejoras en acogida de menores, pero no se dice nada de los CIE, devoluciones en caliente o tragedias como Melilla en 2022. El relato de España como “sociedad de acogida” choca con la realidad de un sistema de control migratorio violento y subordinado al marco europeo.
Tercera omisión: el modelo económico. Se ensalza el observatorio de márgenes, la economía social y algunos impuestos a grandes fortunas, pero no se plantea banca pública fuerte, ni nacionalización de sectores estratégicos, ni ruptura con la disciplina fiscal europea. El poder del capital financiero y de las grandes empresas energéticas y de vivienda permanece intacto y creciendo.
En paralelo, el documento incurre en exageraciones: definir los ERTE como “nacionalización de salarios” desdibuja su naturaleza de mecanismo de rescate para empresas; presentar el “mecanismo ibérico” como solución estructural al oligopolio eléctrico ignora los beneficios récord de las grandes compañías; convertir la Ley de Vivienda y el uso de Sareb en “intervención histórica” en el mercado inmobiliario invisibiliza la renuncia a un parque público masivo y a la confrontación con la financiarización de la vivienda.
Reformas limitadas, cambios estructurales cero.
Desde una perspectiva marxista, el balance debe hacerse en dos planos. En el primero, el de la vida cotidiana, muchas medidas han supuesto un alivio real aunque insuficiente: la subida del SMI y pensiones han amortiguado la inflación; los ERTE, la prohibición de cortes de suministros e IMV han evitado mayor miseria extrema; las medidas de vivienda han contenido parcialmente la burbuja del alquiler; las leyes feministas y LGTBI han ampliado libertades y tiempos de cuidado.
En el segundo plano, el de la estructura de poder, el cuadro es mucho más continuista. No se cuestiona el régimen constitucional impuesto por la dictadura; ni la integración en la UE del capital y la guerra, ni la subordinación al Banco Central Europeo, ni el pago de la deuda. No se construye una banca pública capaz de disputar el crédito; no se plantea seriamente una empresa pública de energía que desplace a las eléctricas; se confía la vivienda a “precios asequibles” y garantías al propietario, no a la expropiación de vivienda vacía y al control público del suelo.
En definitiva, la arquitectura del régimen del 78 se mantiene: se atenúan sus aristas más antisociales, pero no se toca el núcleo de su poder de clase.
Un relato que borra el conflicto
El título mismo del documento –“logrados por el Gobierno gracias a nuestra presencia”– concentra el mérito en IU en el Ejecutivo, con apenas alusiones retóricas al “empuje y la movilización social” ampliamente desarrolladas desde otras instancias. Sin el ciclo de luchas de la última década (mareas, 15M, PAH, pensionistas, feminismo), difícilmente se habrían abierto ventanas para estas reformas. Sin embargo, en el relato oficial el sujeto aparece desplazado: no es la clase trabajadora organizada, sino un Gobierno supuestamente “valiente”.
La tarea de una izquierda honesta y alternativa no pasa por negar los avances, sino por situarlos en su justo lugar. Es verdad que se han producido reformas defensivas y parciales obtenidas en un contexto de crisis de legitimidad del régimen, útiles para millones, pero insuficientes para una transformación estructural. Y, sobre todo, por reabrir las preguntas incómodas que el informe también evita:
¿Desde cuándo ha sido el propósito de IU acompañar al gobierno social-liberal del PSOE? ¿esta estrategia de participación en el Gobierno acerca o aleja un horizonte de ruptura con el régimen y de cambio social?
